Sería muy lamentable que el Gobierno de México estuviera utilizando el aparato del estado para fabricar pruebas con el fin de cargar facturas a otros actores políticos. Las consecuencias pueden ser mal calculadas y los resultados de pronostico reservado, ante los ingredientes tan explosivos que se están configurando en un país convulsionado por la corrupción, pero sobre todo por la incapacidad del gobierno para ofrecer respuestas y restablecer la paz social. La desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, evidencio lo que pasa en gran parte del país y que hasta el momento se ha evadido reconocer, el sometimiento y control de los cuerpos de seguridad municipales por parte de la delincuencia organizada. La denuncia pública por parte del Padre Alejandro Solalinde y del Periodista Raymundo Riva Palacio, en el sentido que la detención del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, sucedió en el Estado de Veracruz y no en la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal pone en entredicho el trabajo que viene realizando la Procuraduría General de la República, y las consecuencias pueden terminar en la liberación los presuntos autores intelectuales de tan miserable crimen.
Recordemos las experiencias del pasado, el montaje armado de la detención de la Francesa Florence, acusada de secuestro y delincuencia organizada, y condenada a sesenta años de prisión, ocasionó que la Primera Sala Suprema Corte de Justicia ordenará su libertad por violaciones graves al proceso.
Por eso sería muy importante que el gobierno deje en claro las investigaciones realizadas hasta el momento, no es posible que a estas alturas el gobierno actuara de forma insensible, administrando justicia en base a cálculos políticos sin pensar en las consecuencias de una mala averiguación de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
La liberación de José Luis Abarca y su esposa, pondría en evidencia el agotamiento del actual sistema político mexicano, de un sistema que privilegia los acuerdos políticos y la impunidad por encimas de los derechos de los ciudadanos y del cual sus gobernados empiezan a manifestar muestras de hartazgo, por lo que sería conveniente que el gobierno pensará dos veces sus movimientos antes de aplicarlos.
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