La mentira histórica

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presento el día de ayer el resultado de las investigaciones sobre los lamentables hechos ocurridos en Iguala.  El GIEI fue creado  en noviembre de 2014, ex-profeso para brindar asistencia técnica en la investigación de  la forzada desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

En la reconstrucción de los hechos, existió la  participación de policías municipales y policías ministeriales en las agresiones a los estudiantes,  y la policía federal también estuvo presente en estos eventos, así como elementos del ejercito  que se presentaron al hospital donde estaban atendiendo a dos estudiantes heridos de bala y a un tercero por ataque de asma.

En total fueron cinco los camiones que fueron atacados, uno de estos posiblemente llevaba droga, de aquí se desprende un posible vinculo entre los cuerpos de seguridad y la delincuencia organizada.

Los expertos de este grupo concluyeron que los estudiantes desaparecidos no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula,  porque no hay ninguna evidencia de que los cuerpos fueran quemados en ese lugar, se hubiera ocupado una  gran cantidad de madera y llantas para poder cremar los cuerpos, ademas de que  el humo hubiera alcanzado una considerable altura por la magnitud del incendio,  que hubiera sido visto desde cualquier punto de Cocula.

También advierten inconsistencias en las declaraciones de los detenidos que confesaron haber participado en la cremación de los cuerpos, pues uno de ellos asegura que bajó al lugar donde estaban calcinándose los cuerpos para  vaciar más combustible en el lugar, pero esto hubiera sido imposible porque la persona hubiera fallecido quemado al intentar esto.

El informe es contundente y sería un error que el gobierno del Presidente Peña Nieto tratará de desvirtuarlo, la verdad histórica del exprocurador Murillo ha quedado enterrada en ese basurero de Cocula, el desprestigio internacional crece a pasos agigantados y la confianza de los mexicanos en las instituciones esta por los suelos.

Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos merecen saber la verdad, conocer que fue lo que paso a partir de que fueron trasladados a lugares todavía sin conocerse en patrullas municipales, saber que pasó con estos jóvenes, ojalá y exista la voluntad política para resolver esto, es por el bien de México, pero sobre todo por el bien de un gobierno que cada vez se hunde más en el desprestigio y que eso esta ocasionando  una grave crisis. 

Video de rueda de prensa GIEI, investigación de los 43 estudiantes desaparecidos

EL USO POLÍTICO DE LAS INSTITUCIONES

Sería muy lamentable que el Gobierno de México estuviera utilizando el aparato del estado para fabricar pruebas con el fin de cargar facturas a otros actores políticos. Las consecuencias pueden ser mal calculadas y los resultados de pronostico reservado, ante los ingredientes tan explosivos que se están configurando en un país convulsionado por la corrupción, pero sobre todo por la incapacidad del gobierno para ofrecer respuestas y restablecer la paz social. La desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, evidencio lo que pasa en gran parte del país y que hasta el momento se ha evadido reconocer, el sometimiento y control de los cuerpos de seguridad municipales por parte de la delincuencia organizada. La denuncia pública por parte del Padre Alejandro Solalinde y del Periodista Raymundo Riva Palacio, en el sentido que la detención del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa,  sucedió en el Estado de Veracruz y no en la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal pone en entredicho el trabajo que viene realizando la Procuraduría General de la República, y las consecuencias pueden terminar en la liberación los presuntos autores intelectuales de tan miserable crimen. 

Recordemos las experiencias del pasado, el montaje armado de la detención de la Francesa Florence, acusada de secuestro y delincuencia organizada, y  condenada a sesenta años de prisión, ocasionó que la Primera Sala Suprema Corte de Justicia ordenará su libertad por violaciones graves al proceso.

Por eso sería muy importante que el gobierno deje en claro las investigaciones realizadas hasta el momento, no es posible que a estas alturas el gobierno actuara  de forma insensible, administrando justicia en base a cálculos políticos sin pensar en las consecuencias de una mala averiguación de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

La liberación de José Luis Abarca y su esposa, pondría en evidencia el agotamiento del actual sistema político mexicano, de un sistema que privilegia los acuerdos políticos y la impunidad por encimas de los derechos de los ciudadanos y del cual sus gobernados empiezan a manifestar muestras de hartazgo, por lo que sería conveniente que el gobierno pensará dos veces sus movimientos antes de aplicarlos.