La libertad de expresión es parte esencial de la democracia, porque en sentido amplio, significa que las personas podamos razonar de forma autónoma, ideas -pensamientos- e intercambiarlos para generar un proceso deliberativo desde la colectividad.
De la libertad de exteriorización de las manifestaciones culturales, científicas, políticas y otras más, depende la grandeza de las sociedades, cuándo está presente la censura, los resultados son contrarios y anti-democráticos.
La Carta Democrática Interamericana, en su artículo cuarto, señala como componentes fundamentales del ejercicio democrático, a la libertad de expresión y libertad de prensa, esta última representa el que las sociedades estén plenamente informadas, y por ende se esté garantizando el derecho universal del acceso a la información.
Desgraciadamente en México no podemos hablar de democracia, cuando el informe de violencia contra periodistas y trabajadores de medios, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que del 2006 al 2013, 55 periodistas fueron asesinados. Tan solo en lo que va de la administración del Presidente Peña Nieto han sido asesinados 34 periodistas, la mayoría de estos asesinatos tienen que ver con las investigaciones periodísticas en asuntos de narcotráfico, asuntos ambientales, de corrupción y malos manejos de recursos públicos y la mayoría de estos asuntos no han sido resueltos, no se conocen a los autores intelectuales.
La relatoría especial de la CIDH, en su informe especial sobre la libertad de expresión en México -2010-, señala que la mayor parte de los secuestros, desapariciones y asesinatos de periodistas, sucedieron en entidades federativas con fuerte presencia de la delincuencia organizada. También este informe concluye que en algunas partes del país, los periodistas son amenazados por parte de grupos armados que tienen vínculos con bandos o grupos políticos.
En la normatividad relativa a los derechos humanos del sistema interamericano, los estados tienen la obligación de proteger a las personas expuestas a riesgos específicos con relación a sus derechos fundamentales.
Los estados al conocer de riesgos reales en un grupo de individuos determinado o una sola persona, tienen la obligación de aplicar medidas concretas de protección para salvaguardar la integridad de las personas y garantizar el pleno ejercicio de su profesión y actividades.
Después de las recomendaciones emitidas por relatores especiales de la ONU y la CIDH, México adopto un convenio en 2010 para la implementación de acciones de prevención y protección a periodistas, pero al no existir los mecanismos adecuados para poner en marcha este convenio, prácticamente fue letra muerta, hasta la promulgación de la Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En el informe de junio del 2013 de la Oficina de la Alta Comisionada de derechos Humanos de la ONU, sobre la Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, identificó problemas administrativos para poder utilizar los recursos económicos de una manera más pronta, así como la inadecuada estructura interna y la falta de personal capacitado e idóneo para el buen desempeño de las funciones en cuestión.
Actualmente, a pesar de los nuevos mecanismos que ha adoptado México para garantizar los derechos humanos, en consonancia con los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito, los retos siguen siendo enormes, lo vemos en la implementación del nuevo sistema acusatorio adversarial, de la Ley General de Victimas, en la justicia alternativa, en fin, sin justicia y sin garantías para el periodismo libre, es imposible construir democracia.
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